Empleo precario en el ámbito rural – publicación del nuevo ABC rural

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Los peones “golondrina” sacan a la luz viejas y malas costumbres argentinas
Altos índices de trabajo en negro, las malas condiciones de vida que persisten en algunos sectores del país y la vista gorda de autoridades y sindicalistas, sostienen la trama del trabajo “infrahumano” detectado en el desflore del maíz.

por Haide Andriolo

Javier Lindenboim. Director del Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo (Ceped)
Juan Manuel Villulla. Investigador del Conicet. Integrante de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Tirar la basura debajo de la alfombra no es un método de limpieza sustentable. Tarde o temprano el polvo se expande. Y en este verano, cuando muchos se disponían a disfrutar el aire del mar o de las sierras, se levantó la polvareda. ¿Y qué había debajo de la alfombra? La persistencia, entre nosotros, de vínculos laborales que denigran la condición humana.
La primera noticia llegó desde San Pedro, cuando estábamos despidiendo el 2010 y levantando las copas para recibir el Año Nuevo. En campos, a cargo de las firmas Nidera y Status Agro, 274 “changos” provenientes de Santiago del Estero, estaban lejos de todo brindis. Habían sido contratados para el desflore del maíz, pero la Justicia consideró que las tareas se hacían en condiciones de servidumbre. Vinieron las inspecciones de la mano del Ministerio de Trabajo, la AFIP y el sindicato de trabajadores rurales (en algunos casos) en Arrecifes, Salto, Ramallo, Mar del Plata y Azul. La escena era siempre la misma: hacinamiento, falta de luz, agua, baños y duchas, mala alimentación, paga escasa (ver las inspecciones).
Con rapidez llegaron los descargos de las empresas. Nidera, que contó con el respaldo de la Asociación Semilleros Argentinos, declaró cumplir con todas las leyes de contrato de trabajo vigentes en la Argentina. Pero no todos los actores sociales cercanos a esta dramática situación decidieron involucrarse y redujeron la cuestión a una maniobra política del Gobierno nacional, a un pase de facturas a la Mesa de Enlace y a los semilleros en pugna con la AFIP por presunta evasión impositiva. No hay que desconocer el ingrediente político, como en todas las cuestiones de la vida. Siempre está la política en sus más diversos matices (social, económico, cultural…) Tapar o destapar, es una decisión política. Dónde y cuándo, también.
Las denuncias tampoco tuvieron demasiado eco en la dirigencia política opositora. Pero, ya se sabe: poner todo bajo la alfombra, tiene sus riesgos.
¿Qué pasa si sacudimos el paño? ¿Quiénes integran cada uno de las partículas de polvo? ¿Cuál es la trama que sostiene estas relaciones laborales vergonzantes?
Para Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo (Ceped) esta situación “no viene del aire, ni viene de ayer, sino que viene de lejos”.
“Me parece espantoso lo que se ha puesto en evidencia. Yo, que soy viejo, me acuerdo de la película de hace medio siglo atrás ‘Las aguas bajan turbias’ que mostraba las relaciones más que feudales que había en los obrajes del nordeste de la Argentina. Parece que eso no quedó en el pasado sino que perdura en el presente. El capital siempre va a tender a eso. Lo que uno se pregunta es qué han hecho los gobiernos en este medio siglo”, remarcó el especialista.

Altos niveles de “negrura”
Para Lindenboim, una clave para entender la situación está en la desprotección del trabajador asalariado en la Argentina que se refleja en la evolución de los índices de trabajo en negro. “A principios de los ‘70 el trabajo desprotegido probablemente haya estado en el orden del 10 por ciento. Ese índice, paulatinamente, fue subiendo. En los ‘80 llegó al 20 por ciento. Al fin del gobierno de Alfonsín e inicio del menemismo, ya estábamos en las cercanías del 30 por ciento. Cuando explota la convertibilidad llegamos al 40 por ciento y en los meses ulteriores, todavía subió algunos puntos más hasta llegar al pico del 45 por ciento”. ¿Qué pasa en la actualidad? “Las estadísticas oficiales de la República Argentina (que tienen muchos puntos oscuros) dicen que ha bajado hasta el 35 por ciento. Se ha mejorado bastante en la primera década de este siglo XXI, pero estamos lejos del mejor de los mundos. Esto no exime de responsabilidad a los empresarios. Tampoco a los representantes sindicales”. Por su parte, Juan Manuel Villulla, investigador del Conicet e integrante del Equipo Interdisciplinario de Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, sostiene que “hay una cadena de responsabilidades que involucra a las semilleras en cuestión, a las empresas tercerizadas que contratan al personal, al sindicato de trabajadores rurales y al Gobierno”.
Villulla está abocado especialmente a la investigación de los trabajadores agrícolas asalariados de la región pampeana. Reconoce lo logros de la campaña de blanqueo encarada desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) a partir de 1997 , pero no deja de advertir la posibilidad de cierta connivencia del sindicato con las empresas acusadas de mantener vínculos laborales infrahumanos . “Los avances son insuficientes pero importantes si tenemos en cuenta que en la década anterior sólo estaban registrados 100 mil trabajadores, a pesar de que en actividad había más de un millón y medio”.
“El trabajo en negro en el agro es mayor que en el resto de la economía. Hoy, según los cálculos más optimistas del gremio, hay 800 mil registrados. Si bien tienen mayores beneficios, no significa que las condiciones para estos trabajadores sean favorables porque tienen los salarios más bajos de toda la economía”, remarcó el especialista.

La vista gorda
¿Por qué habla Villulla de cierta connivencia entre el gremio y las empresas cuestionadas por la Justicia? A su juicio porque “se trata de trabajadores que están concentrados en empresas muy identificables y visibles, con la participación de tercerizadoras que ofrecen sus servicios vía internet. No son pequeñas explotaciones perdidas en el medio de la cordillera, están en plena zona núcleo”.
Para Villulla en esta trama la responsabilidad del Estado no es menor, por los niveles de trabajo en negro de la economía en general y por los del campo en particular (que llegarían al 70 por ciento). “El Gobierno alza un dedo acusador cuando creo que cabría una dosis muy importante de autocrítica con lo que ha acontecido en estos últimos siete años”.
En ese sentido Lindenboim aporta que la política de blanqueo iniciada desde el Gobierno nacional en 2002, hasta el momento no ha tenido el resultado deseado. “Tengo un afecto personal por el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Doy fe de la voluntad que ha manifestado porque este tipo de política vaya adelante. Sin embargo, es sabido que no tienen todos los recursos que necesitan. Y el personal del Ministerio de Trabajo es el peor pago de la administración pública nacional”. Como ejemplo pone a la campaña de blanqueo de las trabajadores domésticas: “Fue una de las más exitosas. Sin embargo no llegan a cubrir una de cada cinco. Lo mismo sucede en el campo”.
“El ámbito estatal -agrega- existe para representarnos y defendernos, tiene que tener las herramientas disponibles y los ojos abiertos para estar alerta. Y debiera tener conocimiento anticipado de estas cosas (trabajo en condición de servidumbre), no sólo cuando sea necesario enojarse con algún sector del capital”, reflexiona .No obstante agrega: “Es bueno que se enojen, que estas cosas salgan a la luz. Pero también es bueno que se resuelvan. Me gustaría que esto sea parte de una lucha más permanente, más sistemática”.

Ajuste de cuentas
El Gobierno decidió cortar los beneficios económicos a todas las empresas sospechadas de contratar trabajadores en condiciones de explotación. Entre esos beneficios figuran regímenes de promoción industrial, impositivos, económicos y financieros, como subsidios de tasa para créditos blandos. El anunció salió de boca de la ministra de Producción, Débora Giorgi, que cruzará datos con el Ministerio de Trabajo y la AFIP para detectar situaciones irregulares.
Para Villulla el protagonismo de Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, tiene que ver con un conflicto de presunta evasión impositiva. “Esto parece ser una forma de forcejear con estas empresas para que tributen lo que debieran”. Cabe recordar que en septiembre, la AFIP anunció que estaba investigando por evasión impositiva a cuatro de las mayores exportadoras de granos: Bunge, Cargill, Molinos Ríos de La Plata y Nidera. En este último caso estiman la evasión en 260 millones de pesos entre 2005 y 2009.
Para el investigador, afectar la imagen de la Uatre y de su secretario general Gerónimo “Momo” Venegas, principal aliado político de Eduardo Duhalde y de la Mesa de Enlace durante el conflicto por las retenciones móviles, también están dentro de las intenciones del Gobierno. “Enhorabuena que esto salga a la luz porque es positivo para los trabajadores, pero no deja de estar inscripto dentro de una disputa de los sectores del poder”, advirtió.
A Lindenboim le da la impresión, “por la argumentación que se ha conocido, que debemos corroborar que el malo de la película es el sector que produce los bienes primarios de la Argentina (los que provienen de la tierra). Uno de los sectores más dinamizadores de la economía es la construcción y desde hace décadas que no tiene menos de sus dos terceras partes en condiciones de ‘negrura’. Sin embargo ese sector no está siendo colocado como el enemigo a denostar”, ejemplificó.
Lejos de designar a buenos y malos, Lindenboim propone complejizar lo ocurrido, teniendo en cuenta historia, estadísticas, políticas económicas, el rol del sindicato, sin olvidar que “vivimos en una sociedad capitalista y que el capital no es ni bueno ni malo. Básicamente es el mecanismo por el cual algunas personas que lo poseen tratan de apropiarse del resultado del trabajo de las personas que trabajan. Si uno se olvida de eso, termina creyendo que es un problema de buenos y malos o de los que están a favor o en contra del Gobierno. Hay que poner el eje en cuál es la naturaleza principal de nuestros vínculos laborales. Uno se exalta cuando aparecen condiciones que son consideradas como precapitalistas. Pero no vienen del aire, ni vienen de ayer, sino que vienen de lejos. Ahora hay que ver qué hacen los gobiernos. Uno se pregunta por qué los organismos pertinentes no tomaron cartas en el asunto con la antelación que hubiera correspondido”.

Una cuestión de modelos
Otro elemento para reprochar al gobierno, según Villulla, es que no reformó leyes laborales vigentes que fomentan los llamados contratos basuras por periodos muy cortos, y la posibilidad de tercerización. “Por eso algunas de las empresas cuestionadas dicen tener todo en regla y a los trabajadores en blanco .Pero eso no suficiente para que luego tengan condiciones de trabajo esperables o estén a salvo de abusos”.
Sin embargo el especialista no tiene la expectativa de que el Gobierno vaya a fondo. Considera que las semilleras ocupan un lugar central en el modelo de agronegocios estimuladom del cual el Estado saca provecho. “Amenazar su actividad productiva bajo la forma de hostigamiento, de inspecciones laborales, podría poner en riesgo la posibilidad de inversiones en el país. Por eso creo que esto no deja de ser una amenaza, llevándose adelante para negociar en mejores condiciones la tributación impositiva de estas empresas”.
Para Villilla, los vínculos de trabajo denunciados siguen siendo posibles “porque estos monopolios ocupan un lugar central en el modelo de agronegocios y por las condiciones de vida que persisten en algunas regiones de la Argentina que empujan a sectores de la población a trabajar en estos entornos. En ese sentido el Gobierno tiene una cuota de responsabilidad”.
Por lo pronto sigue fuerte en su embestida y defiende su política: “El modelo de crecimiento con inclusión social ha generado condiciones favorables para todos los sectores productivos y el Estado no va a tolerar que una empresa vulnere las condiciones laborales. Por eso a los empleadores que fomenten la esclavitud en busca de maximizar ganancias se les quitará el acceso a los regímenes de promoción que otorga el gobierno nacional”, advirtió la ministra Débora Giorgi.
Para sacar conclusiones definitivas habrá que esperar y ver cómo evoluciona el proceso en el seno del Gobierno. Mientras tanto, la Justicia avanza y –en base a un informe de la Oficina sobre Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación- dictaminó el procesamiento de 12 directivos de las empresas semilleras cuestionadas. Demasiado grande para que no se note debajo de la alfombra.

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