¿Debe preocuparnos el empleo?

Entre los problemas que aquejan al grueso de la población (además del aumento constante de los precios) se encuentra, en los primeros planos, la preocupación por la eventual pérdida del trabajo. Dicha inquietud no es una abstracción. Los afectados pueden no tener conciencia de que su situación depende de las decisiones oficiales (o sus omisiones) en materia económica.
En los últimos veinte años hemos tenido dos momentos sumamente críticos: el efecto “tequila” en 1995 y el fin de la convertibilidad en 2001-2002. La salida de ambos momentos tuvo algunas semejanzas (buen crecimiento económico y dinamización del mercado laboral) y no pocas diferencias (limitación de la recuperación en los noventa frente al ciclo prolongado en el siglo XXI; impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas luego del “tequila” mientras que el pos 2001 se caracterizó por la revitalización de éstas, entre otras). Sin embargo, en los datos agregados de empleo,ambas salidas de la crisis implicaron un importante ritmo de creación de puestos. Entre mayo de 1996 y mayo de 1998 se acrecentaron los empleos a razón del 5% por año, unas décimas por encima del promedio anual entre 2003 y 2007.
Claro que e n el interior de esos números hay diferencias no menores. Ante todo, en el bienio 96-98, los asalariados desprotegidos crecieron raudamente (más del 10% anual), seguidos por el empleo estatal (7%). Luego, debajo del promedio, estaban los autónomos y los trabajadores protegidos (4%) y el servicio doméstico (3%). En cambio, entre 2003 y 2007, el dinamismo mayor corrió por cuenta de los trabajadores amparados legalmente (13% anual) y los cuenta propia (10%). Por debajo del promedio general estaban los asalariados precarios y el servicio doméstico –genéricamente desprotegido–, con el 4% cada uno. Es decir que los trabajos de baja calidad (como estos últimos) no decrecieron, pero aumentaron mucho más lentamente que los “buenos empleos” que dinamizaron el mercado laboral. Esta característica de los primeros años del siglo XXI moldeó un halo de entusiasmo y de bienestar que, desafortunadamente, no pudo mantenerse en el tiempo.
El desempeño ocupacional desde 2007 en adelante ha sido pobre y apenas acompañó el aumento de la población. La tasa de empleo (proporción de ocupados dentro de la población) que estaba bien por debajo del 40% en 2003 alcanzó el 42% en 2007 y prácticamente se mantuvo en ese orden hasta ahora. Ese magro comportamiento se ha sostenido en el alto ritmo de aumento del empleo público(3%) por encima de los trabajadores por cuenta propia y de los protegidos (2%). Este último valor es alrededor de un sexto del ritmo que mostró ese sector entre 2003 y 2007.
Si relacionamos algunas categorías ocupacionales en ambos períodos del siglo actual, tenemos que, a la salida de la convertibilidad, por cada puesto estatal agregado se sumaban 17 puestos asalariados (protegidos o no). En el lustro más reciente, por cada nuevo empleo estatal se agregó algo así como medio puestoasalariado privado.
La falta de dinamismo de la economía para absorber trabajadores configura un panorama de extrema preocupación, del cual parece no haberse tomado debida nota. Si la escasez de demanda de asalariados protegidos por parte del sector privado derivase de un proceso de creciente aumento de la productividad del trabajo, tendríamos un escenario no sencillo pero más propicio. No hay evidencia de que sea ésa la causa de la falta de demanda, sino otras condiciones que han venido afectando el ámbito de la producción. Dicho de manera abreviada se trata de la política económica o, peor aún, de su ausencia. Es verdad que la falta de política explícita es también una alternativa. Lo que se intenta remarcar es la ausencia de una estrategia integral, de una planificación a despecho de la verbalización de que nos encontramos en un ámbito de acción estatal intensa y de carácter progresista.
Como es fácil percibir, no se trata de una inquietud que involucre “a los especialistas” solamente. Los reclamos recientes por la falta de presencia estatal en la contingencia dramática de naturaleza hídrica tienen varias facetas: por un lado, la falta de intervención previa y la ausencia o debilidad ulterior al hecho; por el otro, se pone en cuestión si el incremento de empleo público se origina en la búsqueda de mejor servicio o en otras motivaciones de escasa eficiencia social.
Vale la pena volver a poner atención en el funcionamiento del mercado de trabajo, el cual parecía que no debería ser motivo de preocupación dada la experiencia de los primeros años posteriores a la crisis. La reaparición de estos elementos inquietantes expresarían que aquellas buenas nuevas no fueron suficientes para cambiar de cuajo ni la configuración productiva del país ni su mundo laboral. Para eso es imprescindible dejar de pensar sólo en la inmediatez y hacerlo con un horizonte de largo aliento. Lo cual requiere identificar los verdaderos problemas que nos aquejan.
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¿Debe preocuparnos el empleo?

Entre los problemas que aquejan al grueso de la población (además del aumento constante de los precios) se encuentra, en los primeros planos, la preocupación por la eventual pérdida del trabajo. Dicha inquietud no es una abstracción. Los afectados pueden no tener conciencia de que su situación depende de las decisiones oficiales (o sus omisiones) en materia económica.
En los últimos veinte años hemos tenido dos momentos sumamente críticos: el efecto “tequila” en 1995 y el fin de la convertibilidad en 2001-2002. La salida de ambos momentos tuvo algunas semejanzas (buen crecimiento económico y dinamización del mercado laboral) y no pocas diferencias (limitación de la recuperación en los noventa frente al ciclo prolongado en el siglo XXI; impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas luego del “tequila” mientras que el pos 2001 se caracterizó por la revitalización de éstas, entre otras). Sin embargo, en los datos agregados de empleo,ambas salidas de la crisis implicaron un importante ritmo de creación de puestos. Entre mayo de 1996 y mayo de 1998 se acrecentaron los empleos a razón del 5% por año, unas décimas por encima del promedio anual entre 2003 y 2007.
Claro que e n el interior de esos números hay diferencias no menores. Ante todo, en el bienio 96-98, los asalariados desprotegidos crecieron raudamente (más del 10% anual), seguidos por el empleo estatal (7%). Luego, debajo del promedio, estaban los autónomos y los trabajadores protegidos (4%) y el servicio doméstico (3%). En cambio, entre 2003 y 2007, el dinamismo mayor corrió por cuenta de los trabajadores amparados legalmente (13% anual) y los cuenta propia (10%). Por debajo del promedio general estaban los asalariados precarios y el servicio doméstico –genéricamente desprotegido–, con el 4% cada uno. Es decir que los trabajos de baja calidad (como estos últimos) no decrecieron, pero aumentaron mucho más lentamente que los “buenos empleos” que dinamizaron el mercado laboral. Esta característica de los primeros años del siglo XXI moldeó un halo de entusiasmo y de bienestar que, desafortunadamente, no pudo mantenerse en el tiempo.
El desempeño ocupacional desde 2007 en adelante ha sido pobre y apenas acompañó el aumento de la población. La tasa de empleo (proporción de ocupados dentro de la población) que estaba bien por debajo del 40% en 2003 alcanzó el 42% en 2007 y prácticamente se mantuvo en ese orden hasta ahora. Ese magro comportamiento se ha sostenido en el alto ritmo de aumento del empleo público(3%) por encima de los trabajadores por cuenta propia y de los protegidos (2%). Este último valor es alrededor de un sexto del ritmo que mostró ese sector entre 2003 y 2007.
Si relacionamos algunas categorías ocupacionales en ambos períodos del siglo actual, tenemos que, a la salida de la convertibilidad, por cada puesto estatal agregado se sumaban 17 puestos asalariados (protegidos o no). En el lustro más reciente, por cada nuevo empleo estatal se agregó algo así como medio puestoasalariado privado.
La falta de dinamismo de la economía para absorber trabajadores configura un panorama de extrema preocupación, del cual parece no haberse tomado debida nota. Si la escasez de demanda de asalariados protegidos por parte del sector privado derivase de un proceso de creciente aumento de la productividad del trabajo, tendríamos un escenario no sencillo pero más propicio. No hay evidencia de que sea ésa la causa de la falta de demanda, sino otras condiciones que han venido afectando el ámbito de la producción. Dicho de manera abreviada se trata de la política económica o, peor aún, de su ausencia. Es verdad que la falta de política explícita es también una alternativa. Lo que se intenta remarcar es la ausencia de una estrategia integral, de una planificación a despecho de la verbalización de que nos encontramos en un ámbito de acción estatal intensa y de carácter progresista.
Como es fácil percibir, no se trata de una inquietud que involucre “a los especialistas” solamente. Los reclamos recientes por la falta de presencia estatal en la contingencia dramática de naturaleza hídrica tienen varias facetas: por un lado, la falta de intervención previa y la ausencia o debilidad ulterior al hecho; por el otro, se pone en cuestión si el incremento de empleo público se origina en la búsqueda de mejor servicio o en otras motivaciones de escasa eficiencia social.
Vale la pena volver a poner atención en el funcionamiento del mercado de trabajo, el cual parecía que no debería ser motivo de preocupación dada la experiencia de los primeros años posteriores a la crisis. La reaparición de estos elementos inquietantes expresarían que aquellas buenas nuevas no fueron suficientes para cambiar de cuajo ni la configuración productiva del país ni su mundo laboral. Para eso es imprescindible dejar de pensar sólo en la inmediatez y hacerlo con un horizonte de largo aliento. Lo cual requiere identificar los verdaderos problemas que nos aquejan.
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Notas de JL

Economista; abuelo de tres hermosuras: Luli, Tini y Tomi; en fútbol sigo a San Lorenzo de Almagro. Sufriente admirador de Buenos Aires.