Empleo y desempleo en los años actuales y el último informe de Prensa de EPH

Reportaje de Silvia Stang sobre el estado de situación del mercado de trabajo, los nuevos datos de la EPH del primer trimestre de 2014 y el proyecto en tratamiento parlamentario para regularizar el trabajo no registrado

La nota de S Stang salió publicada el domingo 25 de mayo en el Suplemento Económico de LA NACION

Domingo 25 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa

Zonas riesgosas del empleo: Problemas en la calidad

El 56,6% de la población activa tiene ocupaciones precarias o no consigue trabajo, y esa situación se agravó en el último año; la nueva ley para incentivarel blanqueo llega en un momento en el que no hay creación de puestos
Por Silvia Stang  | LA NACION
 
 
Más de la mitad de la población activa de la Argentina no encuentra empleo o trabaja al margen de las normas laborales. Esto afecta a alrededor de 8,4 millones de personas solamente en las áreas urbanas. Por eso, si para muchos el índice oficial de desocupación es un dato dudoso, existe en cambio una certeza: el problema laboral está muy lejos de agotarse en la cantidad de personas que buscan trabajo sin resultado positivo. Hay quienes sí tienen una ocupación, pero no los aportes para que se cumplan sus derechos. Y hay quienes no solamente carecen del acceso a una obra social o a la jubilación futura, sino que además están en la precariedad, trabajan menos de lo que desean y necesitan, y sus ingresos son tan bajos que no cubren necesidades básicas, por lo que no eluden la pobreza ni, en algunos casos, la indigencia.
Si se suman las personas que buscan trabajo y no encuentran y las que están en la informalidad y en la precariedad, en ese grupo está nada menos que 56,6% de la población activa de 18 años y más. Dicho de otro modo: sólo 43,4% de los trabajadores está en un empleo con cumplimiento pleno de derechos, según datos del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que abarca 5700 hogares de 18 centros urbanos. Los índices, que son de 2013 y fueron anticipados a LA NACION, revelan que hubo un deterioro de la situación en el último año, con una leve caída del porcentaje de personas en empleos formales -en 2012 había sido de 44%- y una suba más pronunciada del índice de subempleo inestable, que pasó de 11,3 a 14,6% por ciento. Es una categoría que incluye a quienes tienen una ocupación precaria, de pocas horas y con un ingreso mensual que no supera, aproximadamente, los $ 2000.
En cambio, cayó de 35,3 a 33,3% el porcentaje de personas activas que están en un empleo precario. Se incluye a los que no tienen aportes pero sí cierta estabilidad en sus puestos, que son de jornada completa. O sea, su situación es algo mejor que la de los subocupados inestables.
 
En esos índices está contemplada la situación del conjunto de trabajadores. Si se mira sólo el segmento de los asalariados, el trabajo en negro resulta de 31,1% (el dato consignado por la UCA es inferior al 33,5% que da el Indec para el cuarto trimestre de 2013). Y entre los cuentapropistas, la informalidad caracteriza a siete de cada diez ocupaciones.
Los problemas, como ocurre también en otros países, golpean con mucha más fuerza a determinados grupos de la población, como los jóvenes. De acuerdo con un informe elaborado por el Ieral en base a datos de 2013 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre quienes tienen de 18 a 24 años, tres de cada diez se dedican sólo a estudiar, mientras que el 25% está en un puesto laboral de baja calidad y 18%, en un empleo formal. Otro 11% sufre desocupación y 15% no estudia ni trabaja.
En el último grupo mencionado, hay casi 750.000 personas que llegaron a la vida adulta como inactivos; son los llamados Ni-Ni, que revelan una situación tanto más preocupante cuanto más cerca se está de la pobreza. Es que esa condición frena para muchos el acceso al empleo con derechos y así lo reflejan los números: en las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, siete de cada 10 ocupados están en una microactividad informal. Si se mira la población total (más allá de su condición social), en ese tipo de ocupaciones está casi la mitad de los trabajadores del área metropolitana (los índices son de 25,3% en la ciudad y de 55,3% en los partidos bonaerenses), según un informe de la UCA y la Subsecretaría AMBA del gobierno porteño.
“Hay un núcleo duro de personas que no acceden a un empleo pleno; durante algunos años hubo mejoras que se pararon en 2007, y poscrisis de 2009 volvió a repuntar la situación, pero ahora parece que se encontró un techo en el índice de quienes tienen un empleo pleno de derechos”, analiza el sociólogo Agustín Salvia, coordinador de la encuesta de la UCA. Esta muestra, que tuvo su primera edición en 2004, revela que entre ese año y 2008 el porcentaje de activos con empleos plenos de derechos subió de 31 a 45,8%, para caer a menos de 40% en 2009 y repuntar en 2010, pero sin volver a los niveles previos. Ahora, lleva dos años en los que registró leves caídas.
El análisis a fondo de los números del propio Indec también conducen a leer una situación crítica. Datos elaborados por el Ieral con los resultados de la EPH, revelan que del total de ocupaciones laborales, 45,7% es de baja calidad. Si se considera la tasa de desempleo, el escenario no es muy diferente al planteado por el centro de estudios privado.
Según Salvia, es posible estimar que al menos entre 7,3 millones de adultos que viven en zonas urbanas (si se toman datos de la EPH) y 8,4 millones (cuando se considera la encuesta de la UCA) “no acceden todavía a aun empleo pleno de derechos, aunque la situación es mucho mejor que la de 2003 y 2004”.
El jueves pasado, el Congreso aprobó la iniciativa del Poder Ejecutivo que se propone reducir la informalidad en el grupo de los asalariados, básicamente con dos herramientas: un endurecimiento de las sanciones y una baja del costo laboral destinada principalmente a pequeñas unidades de producción. “El nuevo enfoque dado a las políticas económicas, sociales y laborales modificó de raíz la dinámica de exclusión y precarización del trabajo instalada en el país desde mediados de la década del 70”, reza uno de los fundamentos del proyecto de la presidenta Cristina Kirchner, en referencia a la última década.
Pero el optimismo de esa frase queda frenado cuando el punto de partida para comparar la situación actual va más allá del momento de la gravísima crisis de inicio de siglo, que es siempre el elegido por el discurso del Gobierno. Según advierte el economista Claudio Lozano, la tasa de asalariados no registrados que hoy da el Indec es más alta que la relevada por el organismo oficial en la década del 90, cuando resultó, en promedio, de 32,6 por ciento.

POR DEBAJO DE LA REGIÓN

Las estadísticas regionales revelan que la mejora del índice de asalariados informales en la Argentina entre 2000 y 2010, fue de las más modestas en la región. Un informe del centro de estudios Cedlas, de la Universidad de La Plata, da cuenta de que hubo mejor evolución en Perú, Ecuador y Paraguay (que de todas formas siguen con una informalidad más elevada que la local) y en Brasil y Uruguay (países con índices más bajos).
En la opinión de Lozano, para la alta informalidad hay razones de fondo no atacadas, que están en el esquema mismo del circuito de producción de la economía.
“La Argentina tiene un espíritu evasor a flor de piel; no habría lugar para el empleo en negro si no existiera la economía en negro”, considera Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA, quien no cree que haya motivos para pensar que la nueva ley pueda tener buenos resultados en un contexto de crisis en el mercado laboral.
“Llega bastante tarde la medida -dice Marcelo Capello, director del Ieral-. Se desaprovecharon contextos propicios de expansión económica y buenas relaciones de trabajo para modificar instituciones y leyes laborales.” Los resultados de la EPH del primer trimestre de este año que el Indec difundió el lunes último, admiten que no hubo creación de empleos. Si la tasa de desocupación cayó de 7,9 a 7,1% en el término de un año fue porque menos gente buscó trabajo, con lo cual se redujo la población activa, que es la base para la medición del índice.
Esa caída de la tasa de actividad podría esconder, advierten en el Ieral, un desempleo oculto de más de dos puntos (adicionales a la tasa actual), si se considera la hipótesis de que se deja de buscar empleo por el desaliento que provoca el no encontrar.
Salvia cuenta que el comportamiento del empleo en blanco (hoy estancado y en algunos sectores, en caída) repercute en el sector informal, por ejemplo con un incremento de la tasa de subocupados inestables (algo que ocurrió en 2013). Ello, por una dinámica en la que los expulsados del circuito formal buscan alternativas para procurarse ingresos. A la vez, y sobre todo en un escenario de actividad en baja y alta inflación, los propios informales corren el riesgo de ser desplazados a zonas de mayor vulnerabilidad, dada la caída de ingresos disponibles en manos de quienes son los consumidores de sus bienes o servicios.
La duración escasa de los empleos que suele afectar a ese segmento se refleja en el índice de “riesgo de desempleo”, que en 2013 subió de 24,1 a 26,1% según la encuesta de la Deuda Social. Se trata del porcentaje de ocupados que durante los 12 meses previos a la consulta estuvieron desocupados por algún tiempo.

PROBLEMAS EN LAS PROVINCIAS

“Existen provincias donde más de un tercio de los trabajadores son del sector público, ya sea nacional, provincial o municipal, y en algunas, los ocupados privados formales no pasan el 20% del total; hay un modelo que no induce suficiente empleo privado productivo, que debería ser la base del crecimiento”, dice Capello. La provincia con mayor incidencia del empleo público es Santa Cruz (47% de los puestos), seguida por Río Negro (45%), La Rioja y Catamarca (37 por ciento).
Para Lozano, el Estado ha mostrado ser parte de los empleadores que usan modalidades precarias de contratación, al utilizar formas de trabajo a plazo y no relaciones permanentes, algo que incluso abarca -afirma- a inspectores fiscales.
Ese tipo de relaciones (alguien que debe facturar cuando en la práctica es un empleado dependiente, por ejemplo) marca un área gris en el mapa de la calidad del empleo.
“Se identifican seis realidades -describe Daniel Arroyo, ex secretario de Políticas Sociales, hoy en el Frente Renovador-. Una es la del trabajo formal, donde mejor se sobrelleva la inflación; otro segmento es el trabajo semiformal, donde hay contratos que están en una zona gris o se declara en forma parcial la relación; una tercera realidad es el trabajo en negro y otra, la de los cuentapropistas; están quienes tienen planes sociales vinculados al trabajo, y por último, los desocupados.” Con la complejidad y la magnitud que tiene el tema, Arroyo opina que la propuesta del Gobierno para una regularización “está fuera de escala” aunque valora que la nueva ley reconozca la realidad diferente que tiene la microempresa.
“Para los cuentapropistas, como medida para la formalización hoy existe el monotributo social; habría que hacer algo muy fuerte con créditos subsidiados”, afirma el ex funcionario.
“No basta con pequeñas medidas”, plantea Salvia. Y señala la necesidad de tomar en cuenta los problemas estructurales que afectan a quienes están en el subempleo inestable. Por un lado, agrega, habría que pensar en políticas que den magnitud a estrategias de enlaces entre la economía informal y la formal. Por el otro, se podrían incentivar los puestos de cercanía para la población con mayores problemas de acceso al empleo productivo; serían empleos de servicios sociales en barrios y requerirían de una vinculación, prevista ya en algunos casos, con los planes sociales.

UN PROBLEMA FUERTEMENTE LIGADO A LA POBREZA

Según el Barómetro de la Deuda Social de la UCA, la pobreza afecta a 27,5% de la población en la Argentina. La situación está muy ligada a la informalidad. Según un estudio del Ieral, en el total de hogares de más bajos recursos, de cada $ 10 de ingresos percibidos, $ 3 vienen del empleo formal; $ 3,5 de ocupaciones precarias; $ 2,5 de prestaciones sociales y previsionales y $ 1 de fuentes alternativas. Esa integración le quita al ingreso sostenibilidad en el tiempo.
El acceso al empleo pleno de derechos muestra fuertes diferencias según la situación social en la cual se vive. Según los datos de la UCA 2012, en el estrato socioeconómico muy bajo, sólo 12,4% de los trabajadores estaba en alguna ocupación formal y de calidad, mientras que en el segmento mejor posicionado de la sociedad, ese índice se elevaba a 71,8 por ciento. Un dato que surge de la encuesta es que en los sectores más desprotegidos ese índice es más inestable.
Los datos más recientes del mercado laboral difundidos por el Indec muestran una caída de la tasa de empleo (porcentaje de población total que trabaja). Según una estimación del economista Claudio Lozano, en el primer trimestre del año y con respecto al cuarto de 2013, se perdieron 286.463 puestos. Para el Ministerio de Trabajo, hay razones estacionales, como las vacaciones, que explican que el empleo se vea afectado en esos meses, principalmente en el sector informal.
 
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