Sobre el nuevo libro HORA DE BALANCE

Entrevista de Silvia Stang para LA NACION, 20-3-2016

Salvia y Lindenboim: “El nivel de empleo informal está como en los años 90 porque no hubo un cambio estructural”

El sociólogo Agustín Salvia y el economista Javier Lindenboim dicen que el país no tuvo avances en la calidad de su mercado laboral, y que en los últimos años la mejora en los ingresos se dio por una “economía de la subsidiariedad”

SEGUIR

Silvia Stang

LA NACION

DOMINGO 20 DE MARZO DE 2016
Foto:LA NACION
21

El crecimiento económico de los primeros años tras la salida de la crisis de 2001-2002 generó una cantidad importante de empleos que compensó el deterioro que en la recesión había tenido el sector laboral. Sin embargo no se lograron mejoras en la estructura del mercado de trabajo, afectado por una fuerte fragmentación. Que un tercio de los asalariados no tenga protección de la seguridad social, que casi 7 de cada 10 cuentapropistas estén en la informalidad, y que 4 de cada 10 ocupados reciban un ingreso mensual inferior al salario mínimo dan cuenta de esa realidad. “Mejoramos desde una situación muy crítica, pero el cambio cualitativo [con respecto a períodos previos a la crisis de inicios del siglo] no se dio”, dicen el economista Javier Lindenboim y el sociólogo Agustín Salvia, responsables de una investigación sobre el período 2002 a 2014 nacida a instancias de un proyecto de la Universidad de Buenos Aires.

Los coordinadores del estudio, publicado por Eudeba con el título Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar, plantean que es la estructura productiva lo que impide que se logre mejorar la calidad del empleo más allá de un determinado piso y que, además, no se haya avanzado en los últimos años, respecto de los 90, en cuanto a las posibilidades de movilidad social.

En cuanto a los ingresos, afirman que en los últimos años hubo una suba de los salarios reales, pero advierten que eso no se consiguió a partir de algo sostenible como un incremento de la productividad, sino por la conformación de una “economía de la subsidiariedad”, que implicó una distribución “anárquica” de recursos que, en otro esquema, podrían haber sido aprovechados para el objetivo de la inserción de personas que están excluidas del empleo con derechos.

Uno de los datos que muestra la publicación es que, si se considera el empleo total, el 44,3% de los ocupados se desempeña en la actividad privada formal, mientras que 43,2% está en la informalidad y 12,5%, en la gestión pública. Los datos corresponden a 2012 (desde entonces el mercado laboral no mostró mejoras) y son muy similares a los de 1992, 1994 y 1998, según un análisis de datos de la encuesta de hogares del Indec para el área de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Lindenboim, investigador del Conicet y profesor de la UBA, dirige en esa universidad el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped) y ha sido muy crítico de los efectos negativos que la intervención política del Indec durante el kirchnerismo provocó en los informes oficiales sobre el mercado laboral.

Salvia es investigador del Conicet y dirige, además de un programa sobre cambios en la desigualdad del ingreso en el Instituto Gino Germani de la UBA, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), cuyos datos sobre la pobreza despertaban el enojo del gobierno anterior (gobierno que, tras años de mostrar índices manipulados, en 2013 dejó de difundir estadísticas sobre la realidad social).

-¿Cuáles son las principales conclusiones de la investigación?

Agustín Salvia: -El trabajo reúne artículos sobre trabajo y desigualdad social. La idea era ver en forma comparativa qué había pasado en los años 90 y en la década de 2000; de alguna manera, el liberalismo versus lo que podríamos llamar una especie de neodesarrollismo. El mercado de trabajo cumple un papel muy importante, porque de ahí viene entre 70% y 80% de los ingresos de la población, y porque organiza la vida y garantiza la posibilidad de tener seguridad social, relaciones sociales y capital humano. Pero todo depende del tipo de inserción. Ver qué tipo de inserción hubo es clave para evaluar cuál ha sido la capacidad de inclusión. Vimos que creció fuertemente el empleo en la reactivación y eso compensó las pérdidas que devinieron con la crisis de 2001-2002 y con la etapa de estancamiento del modelo de convertibilidad. Pero no se alteró la estructura ocupacional que teníamos en los mejores años de los 90; no hubo un salto cualitativo para que el piso de 35% de asalariados no registrados o el 65% de no asalariados sin contribuciones cambien su situación.

Javier Lindenboim: -Lo cual termina negando la presumida modificación sustantiva de la sociedad argentina y de su mercado de trabajo. La estructura sectorial de la producción y del empleo no tuvo modificaciones significativas. A la salida de la crisis vimos un mejoramiento cuantitativo del volumen ocupacional y hubo una recuperación parcial de la capacidad de compra de los ingresos, pero no un cambio estructural.

-¿Es la pobreza estructural y la falta de acceso a bienes y servicios lo que define que la segmentación laboral sea una problemática en algún punto inamovible?

A. S.: -Hay quienes sostienen que una parte de los límites para la inserción de grupos como jóvenes y mujeres está básicamente en el tema educativo, en el capital humano; es un argumento que pronostica que a medida que una población esté más educada mejorará su inserción laboral. Nosotros tenemos otras evidencias y partimos de otro marco teórico, porque es cierto que mejoró el nivel educativo de las fuerza de trabajo en los últimos 20 años, pero eso no necesariamente mejoró la inserción laboral.

-¿Por qué?

A. S.: -Porque el problema no está en la oferta, sino en la demanda, en la estructura que demanda empleos, y eso no varió. Hay una estructura productiva económica y ocupacional que no requiere mejores trabajos porque no tiene la productividad adecuada para participar en un sistema de mayor redistribución del ingreso.

-¿Eso se refiere a los pequeños empleadores?

A. S.: -Cuando uno analiza la composición de la ocupación en los 90 y en la década siguiente, el 55% del empleo lo sigue generando el sector privado formal en medianas y grandes empresas, y el sector público; el otro 45% está en la microempresa, el cuentapropismo, el servicio doméstico y las changas. Y en el 90% de los casos son pequeños negocios que operan en el mercado generalmente en negro, con ocupaciones de baja calidad y bajas remuneraciones. En la década pasada hubo una etapa más dinámica y virtuosa hasta 2006 y, después, un estancamiento con algunos brotes de reactivación, pero incluso en esas etapas el período fue menos generador de empleo. Y en ese contexto los programas sociales comenzaron a ocupar un lugar muy importante.

J. L.: -Esos mecanismos de protección no surgieron para paliar un incendio, como cuando apareció el plan Jefes y Jefas, pero la naturaleza de su intervención fue similar: resolver la no generación de ingresos.

-Ustedes dicen que el problema está en la demanda y no en la oferta laboral, pero en el segmento más precario, ¿no se confunde quiénes son oferta y quiénes demanda? ¿No se trata en parte de personas que van al autoempleo?

A. S.: -En economía se los llama unidades económicas que crean su propia demanda por necesidad. Como parte de esto aparece la perversidad con el taller clandestino, la precariedad laboral. Hay personas que no entran al mercado formal no porque no quieran, sino porque ese mercado no los necesita. Si los necesitara, el sector privado se ocuparía de su formación. Fuimos cada vez más a un modelo dual.

-¿Cuál es el camino para encontrar la puerta de salida de los programas sociales hacia el empleo?

A. S.: -No hay recetas mágicas. No se podrá llegar a una sociedad más integrada ni a la pobreza cero con más y mejores programas sociales. No hablamos aquí de 2%, 3% o quizá 5% de la población que tal vez sí requiera ser atendida por un estado de bienestar que la contenga; hablamos de 30% de la población y de 45% de los trabajadores. Es un volumen importante y sólo se va a ir a la pobreza cero con empleo de calidad. Pero por mucho que crezca el sector más dinámico, no necesariamente va a crear empleo para ese segmento, por eso se necesitan más pymes, subsidiadas seguramente por un tiempo y encadenadas a los circuitos formales.

J. L.: -Encadenadas bien, porque La Salada esta encadenada, pero no hacia el lado de la solución, sino a la reproducción del mecanismo de aislamiento, separación y exclusión. Otro punto es que muchas veces se pensó que la pobreza era un problema de los que estaban afuera del mercado de trabajo, pero la realidad demuestra que está íntimamente ligada a cómo se distribuye el ingreso antes de que se redistribuya.

A. S.: -A medida que tengamos mayor productividad podrán ganarse mercados internos o externos, pero las pymes no podrán lograrlo si no tienen subsidiariedad y eso va a depender de la renta agraria o de otros recursos fiscales. El excedente agrario de 2003 a 2008 fue una oportunidad extraordinaria, no para promover más el gasto público como se hizo, sino para las inversiones estratégicas, productivas y sociales, y para la planificación, algo que no se dio.

-Si es necesaria la renta agraria, ¿cómo evalúan la medida de eliminar y reducir retenciones?

A. S.: -Tal vez era necesario en un momento para la llegada de dólares. Si la política será que no vamos a gravar al sector, eso ya es otra cosa. Se puede gravar vía Ganancias, pero debe mantenerse una responsabilidad social del sector.

J. L.: -Es posible imaginar una estrategia que no implique las retenciones; habría que buscar la forma de obtener recursos por Ganancias.

-¿Cómo dificulta la crisis estadística la definición de políticas?

J. L.: -Mucho. Me pregunto todos los días cómo hacen las autoridades para diseñar estrategias y no soy muy optimista, porque los avatares institucionales del Indec pueden tener que ver con una insuficiente convicción de que la carencia de estadísticas es efectivamente una traba.

A. S.: -Además de afectar la toma de decisiones hay un problema mayor, y es que la falta de datos públicos deja a los ciudadanos sin información para participar en la vida política y en las demandas. Es un efecto social, político e institucional que no se ve y que debilita la vida democrática.

Share

Notas de JL

Economista; abuelo de tres hermosuras: Luli, Tini y Tomi; en fútbol sigo a San Lorenzo de Almagro. Sufriente admirador de Buenos Aires.