Hacen falta mayores certezas

Columna en Clarin, 5-1-2018

 

Debate

2018: mayores y mejores certezas

Javier Lindenboim

Javier Lindenboim

Luego de un primer año muy duro en materia social y económica, la gestión macrista logró que 2017 transcurriera de modo que resultó –sin dudas- en un período de recuperación del año crítico precedente.

Con la vista puesta en el año que se inicia hay varios puntos que no terminan, sin embargo, de dilucidarse. Por una parte si la mejoría de 2017 fue tan sólo una repetición de los recientes años impares en los que, elecciones mediante y con forzados mecanismos de contención de precios, se lograba reactivar la actividad económica y mejorar el ánimo de la sociedad.

Así ocurrió en 2011 que concluyó con el arrollador triunfo electoral del 54% de la ex Presidenta Kirchner. También en 2013, antes del abrupto descenso de la actividad económica, del empleo y de los salarios en 2014. Incluso en 2015, aunque sin el resultado electoral previsto por las autoridades salientes. Está por verse si este año 2018 repetirá los “valles” de los años pares recientes o el país podrá evitar una nueva declinación.

Otro punto menos ambiguo es que la comparación de 2017 es claramente ventajosa con relación a 2016 pero también tiene fuertes elementos para mostrar desventajas en relación con 2015. Las pérdidas se observan, también, tanto en el nivel de actividad económica, como en la composición (más que en la cuantía) del empleo y en materia de ingresos. Es importante para el análisis, que los niveles de satisfacción disponibles en 2015 tuvieron escasos elementos para mantenerse sólidamente afincados. Pero ese debate no alcanza para atender los requerimientos de la cotidianeidad de la población.

Este esquema de reflexión, al mismo tiempo, está a mucha distancia de las contundentes predicciones de fines de 2015 de que iniciábamos una etapa de destrucción de la actividad económica en general, de supresión de las fuentes de trabajo tanto públicas como privadas, y de disminuciones intensas de los ingresos y de las condiciones de vida de la población.

Que aún hoy haya quienes sostengan que hay menos empleos no hace que tales predicciones se verifiquen en la práctica. Hasta setiembre de 2017 se crearon 20 mil puestos asalariados privados. Pero en el mismo lapso se destruyeron casi 70 mil empleos en la industria. Y eso no tiene visos de ser modificado en el corto plazo. Este déficit industrial, preocupante, expresa la enorme dificultad para crear empleo que se venía observando en el pasado reciente. En efecto, entre enero de 2009 y diciembre de 2015 sólo uno de cada ocho empleos privados registrados creados provinieron de la industria. Ahora, ni siquiera eso.

Tanto los datos disponibles sobre capacidad de compra de los ingresos salariales o de las familias como los de distribución primaria de los ingresos dan cuenta de dos elementos inescindibles: a) después de la salida de la crisis, hubo un lapso inicial de gran crecimiento del empleo y de los ingresos laborales seguido de un estancamiento muy visible en el segundo mandato de la Doctora Kirchner.; b) la situación crítica de 2016 lo fue principalmente en materia de ingresos antes que en el nivel de empleo y tal caída no tuvo intensidad mayor que la observada en 2014. En este segundo aspecto –superando las dificultades de información comparable que aún subsisten- el ingreso de la ocupación principal según la Encuesta Permanente de Hogares habría caído en el segundo trimestre de 2014 –en términos reales- diez puntos porcentuales comparado con un año atrás mientras el mismo contraste en 2016 registra un deterioro de seis puntos porcentuales.

En el futuro inmediato hay elementos contradictorios. Por un lado las previsiones empresarias sugieren un módico aumento de la demanda ocupacional en 2018. Diversos gremios están pendientes de la materialización de los acuerdos firmados en la primera parte del año con cláusula “gatillo” en virtud de haber excedido el índice de precios los niveles previstos en dichos acuerdos. Con eso, aunque tardíamente, se podrá compensar la pérdida implícita.

Por el otro, una parte importante de los ingresos de los hogares hoy provenientes del sistema previsional en sentido amplio (jubilaciones, pensiones, AUH, etc.) se verán afectados con las reformas sancionadas para el ajuste de las prestaciones respectivas. Los aumentos próximos, inferiores a los esperados aunque más asiduos, no alcanzarán durante el año a compensar el deterioro del año recién concluido. Seguramente, superarán la depreciación de la moneda de 2018 pero a partir de un umbral deteriorado.

El núcleo central sigue siendo el de la morosidad con la que se comporta la inversión productiva. Y eso es atribuible tanto a las decisiones oficiales como, de manera prioritaria, a la falta de decisión empresaria. En tal sentido, bien vale recordar que tanto en períodos de mayor rentabilidad empresarial como en los que ésta menguaba, la transformación de utilidades en inversión mostró una languidez preocupante. Ni los estímulos al capital de los años ‘90 ni las acciones supuestamente coercitivas de la década pasada modificaron una descripción que hizo la ex Presidenta: “Se la llevaron en pala”.

El Estado debe procurar que las inversiones productivas se produzcan y participar con las que corresponden al mejoramiento de la infraestructura. Pero una de sus mayores obligaciones es la de promover los acuerdos que logren su materialización primero y garanticen un usufructo más equitativo de sus resultados.

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Notas de JL

Economista; abuelo de tres hermosuras: Luli, Tini y Tomi; en fútbol sigo a San Lorenzo de Almagro. Sufriente admirador de Buenos Aires.