La crisis reclama un consenso genuino

Columna aparecida en CLARIN, 13-11-2020

Iniciado ya el último tramo de este dramático año, podemos balancear el desempeño socioeconómico resultante de una década en permanente retroceso que culmina con la pandemia. Desafortunadamente, ni los pormenores de 200 días de “cuarentena” ni los datos laborales y macroeconómicos son para nada halagüeños.

Más allá de los variados informes que circulan, en materia sociolaboral, los datos disponibles se circunscriben al primer semestre. Así, los provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares -que proporcionan información sobre empleo, desocupación, distribución personal de los ingresos-, como los de la Cuenta de Generación de Ingresos e Insumos de Mano de Obra cubren la primera mitad del año. A su turno la información mensual del Ministerio de Trabajo brinda datos de empleo registrado hasta el mes de julio último.

Es precisamente el primer semestre de 2020 el lapso en el que se han concentrado los deterioros más pronunciados en la casi totalidad de los indicadores sociales y económicos.

En rápido resumen se debe recordar que la pérdida semestral de puestos de trabajo supera los cuatro millones de puestos. Casi en su totalidad esa cifra se compone de 1.9 millones de asalariados no registrados (precarios) y 1.8 de no asalariados (cuentapropistas y patrones). Apenas 300000 son los puestos perdidos de asalariados registrados.

De esta primera información se pueden extraer dos primeras conclusiones.

De un lado, que las normas existentes que protegen el trabajo asalariado registrado más la prohibición de los despidos -dictada en este lapso en virtud de la pandemia- actuaron en favor de la preservación de ese tipo de empleo en relación de dependencia. Recuérdese que el empleo público goza de estabilidad por lo que su preservación está garantizada. De tal manera, el problema laboral en Argentina en este año se concentra -en partes iguales- entre los trabajadores precarios y los no asalariados.

Ambos grupos son los que han sufrido tanto la pérdida de ingresos como -por lo que muestran los datos- lisa y llanamente sus fuentes de ingreso laboral. Es allí donde la protección debió centrarse y donde probablemente la acción oficial esté más en deuda.

Por otro lado, esta catástrofe socioocupacional contrasta con el balance de los últimos años, pese a todo. En efecto, entre el primer trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2019 se incrementaron los puestos de trabajo en 1.5 millones aproximadamente. Ello ocurrió en todas las categorías con excepción de los asalariados registrados que perdieron algo más de cien mil puestos en el cuatrienio indicado, la mayor parte de ellos en la industria manufacturera.

Ahora bien, en virtud de esta abundante pérdida de puestos de “menor calidad”, el promedio de los ingresos salariales computados para el cálculo de la participación salarial en el Producto muestra una mejora derivada de la exclusión de aquellos puestos peor pagados. Esa circunstancia junto con la abrupta caída del producto, en especial en el segundo trimestre, explican la mejora de varios puntos porcentuales de la participación del salario en el producto total.

Para mejor comprensión puede contrastarse con el año 2001 cuando la caída del producto fue más pronunciada que la de los ingresos laborales y, por tanto, ese año se registró una mejora de la participación salarial. A la inversa, en 2002 y 2003, la fuerte suba relativa del PBI determinó caídas en esa participación salarial.

La enorme disminución de activos ocupados que no se abocaron a la búsqueda de puestos de trabajo sustitutos explica que la tasa de desempleo “sólo” se elevó de 10 a 13% y su número absoluto casi no se modificó. La cuestión pasa por evaluar cuánto tiempo acaecerá sin que esos cuatro millones de puestos intenten ser recuperados por quienes los perdieron. Allí los efectos esperables pueden ser variados.

De un lado, es posible que los ingresos a obtener de los eventuales puestos de reemplazo sean bastante menores -incluso en términos nominales- que los que preexistían.

De otro lado, también es previsible que en tanto la actividad económica demore más en recuperar algo de dinamismo, una parte importante de esa oferta quede insatisfecha. En tal caso, la tasa de desocupación subirá sensiblemente.

En el interín, el ingreso nominal promedio por persona de los hogares (IpcF) cayó un 20% entre el primero y el segundo trimestre de 2010 (de 20000 a 16000 en cifras redondas) lo cual en términos reales expresa una pérdida aún más intensa, sin duda. Los datos recientes del índice de precios indican que por allí se asoman serios problemas económicos y sociales. Estas pocas referencias indican el dramatismo de la situación presente que, por supuesto, tiene uno de sus orígenes en la cuestión sanitaria y en el modo en que se decidió abordarla en Argentina.

Se verifica que el PBI per capita actual es similar al de una década atrás, que también lleva un decenio por lo menos la ausencia de dinamismo en la creación de empleo de calidad, que hace décadas la economía argentina invierte proporciones menores de su producto anual, que luego de la eliminación de la convertibilidad el país recuperó sus peores tradiciones inflacionarias y, además, que las autoridades no atinan -o no se proponen- identificar una estrategia de crecimiento económico a partir de las difíciles condiciones presentes y, no poco importante, que el clima político es tozudamente enturbiado desde el mismo seno del oficialismo.

En este contexto, resulta imprescindible la contribución a la mesura y al consenso, lo que implica rechazar todo tipo de extremos inconducentes.

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Notas de JL

Economista; abuelo de tres hermosuras: Luli, Tini y Tomi; en fútbol sigo a San Lorenzo de Almagro. Sufriente admirador de Buenos Aires.